En algunas zonas de la Patagonia, aún es posible convocar los bramidos de los fusilamientos de los peones díscolos de la década del 20’. Una acústica macabra, que no deja de recordar uno de los episodios que marcaron a fuego la historia del movimiento de trabajadores en Argentina.
"La Patagonia Trágica": una fábrica de cadáveres, previa degradación humana que hace difícil llamar a la muerte por su nombre. Porque las eliminaciones hechas por las tropas que respondían al gobierno radical fueron encomendadas contra peones desposeídos, que trabajaban en turnos de 15 horas, arriando majadas con 18º bajo cero a cambio de salarios insignificantes. No tenían tiempo ni de ver a sus familias y dormían apiñados en piezas diminutas.
Hasta que un día se declararon en resistencia. Les costó caro. La Ley estaba del otro lado, con los hacendados: alrededor de 1500 huelguistas fueron cruelmente asesinados.
Todo comenzó a partir de una crisis económica. El precio de la lana después de la Primera Guerra Mundial se había desbarrancado, los estancieros latifundistas ya no producían ganancia, y acumulaban ingentes stocks de producción que no podían colocar por falta de compradores. Naturalmente, los primeros que padecerían los efectos de la crisis serían los asalariados. Gran cantidad de despidos sumados a las humillantes condiciones de trabajo detonaron las protestas.
La Sociedad Obrera de Río Gallegos y la Federación Obrera (FORA), de tendencia anarquista, comenzaron a actuar con celeridad. Impulsaron una intensa campaña de sindicalización de peones. Difundieron literatura libertaria y pronunciaron la organización obrera antioligárquica. Aparecieron las huelgas y con ello comenzaron las detenciones, allanamientos policiales y clausura de locales obreros en algunas ciudades de la Patagonia. Entraron en escena los parapoliciales escuadrones “blancos” de la Liga Patriótica que, al margen de la ley pero sin un límite de hecho, perseguían a huelguistas y colaboraban con comerciantes y terratenientes de la zona.
Mientras tanto, las negociaciones entre trabajadores y hacendados fracasaban porque los últimos se negaban a aceptar el petitorio con exigencias módicas que presentaron los huelguistas para reanudar su actividad. Se reclamaba un sueldo mínimo de cien pesos, comida en buen estado, dignas condiciones de higiene, velas para alumbrar en la noche y que las instrucciones de los botiquines sanitarios estuvieran en español en lugar de inglés.
Enterado de la crisis y presionado por Gran Bretaña, que estaba preocupada por las difíciles circunstancias de los compatriotas hacendados en Patagonia, el presidente radical Hipólito Yrigoyen envió en enero de 1921 a Santa Cruz a tropas del ejército al mando del teniente coronel Héctor Benigno Varela con la orden de normalizar la situación.
Los sindicalistas esperaban a los militares de la nación con gran optimismo porque confiaban en que se pondrían de su lado. El tiempo les demostraría lo equivocados que estaban.
Inicialmente se impuso la vía del diálogo y, con la mediación del gobernador Izza, se llegó a un acuerdo por el cual los terratenientes se comprometían a cumplir con las exigencias de los peones.
Varela y sus hombres volvieron a Buenos Aires, pero el quebrantamiento del convenio meses más tarde por parte de los hacendados hizo que el conflicto estallara con mayor virulencia. Se decretó paro general y se ocuparon haciendas. La organización obrera se fortaleció y se proveyó de armas para la autodefensa. Los principales líderes del movimiento libertario eran el español Antonio Soto y el entrerriano José Font, conocido como el noble gaucho "Facón Grande".
En respuesta a esta situación, en octubre de 1921 volvieron las tropas de Varela, esta vez con el objetivo preciso de acabar con las huelgas y revueltas a sangre y fuego.
Tomando como excusa un episodio confuso de enfrentamiento con balas entre un estanciero y vándalos comunes que nada tenían que ver con la protesta, Varela interpretó que se trataba de un caso de insurrección armada y, amparándose en el Código Militar, declaró la ley Marcial. Así se dispararía una escalada cruenta de violencia y represión que liquidaría las huelgas al compás de fusilamientos masivos de anarquistas y peones rurales.
Una de las situaciones más sangrientas se vivió en la Estancia La Anita, donde centenares de obreros cayeron abatidos frente a pelotones de fusilamiento. También se produjo un episodio trágico en los campos del establecimiento ganadero Bella Vista. Los cadáveres de los 200 peones que resultaron asesinados allí fueron trasladados a una fosa común en lo que hoy se conoce como el Cañadón de los Muertos, cerca de la localidad de Gobernador Gregores.
Entre las 1500 víctimas que aproximadamente dejó el accionar militar en el sur argentino, se encontraban Hugo Soto y Facón Grande.
Las huelgas y fusilamientos concluyeron, pero las pasiones que dejó atrás el genocidio no quedarían a la deriva. Kurt Gustav Wilckens, un anarquista alemán que había sufrido el fusilamiento de su hermano, iniciaría la cadena de venganzas, un año después de la masacre. Llegó a Buenos Aires con la misión precisa de matar a Varela. Lo siguió cerca de su casa en el barrio de Palermo, le arrojo una bomba y luego lo liquidó a balazos. Un centinela mató a Wilckens al encoñanarlo por la mirilla del calabozo donde la víctima cumplía arresto. Finalmente, la secuencia de revanchas llegó a su fin con el homicidio del centinela por parte de un antiguo huelguista patagónico.
Publicado en Patagonia-Argentina
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