Malvinization

Algunos analistas de la oposición mediática atribuyen la “malvinización” de la agenda pública a una presunta obstinación del oficialismo por reabrir una herida del pasado en clave populista, para distraer la atención acerca de otros temas más relevantes de la arena nacional.

Por ejemplo, Jorge Lanata calificó como una “una locura” y un “sin sentido” la política del gobierno en relación a las Islas Malvinas. Con un mensaje provocador, incluso para muchos de sus camaradas del antikirchnerismo mediático, el periodista refirió a Malvinas como parte del territorio británico: “Tenemos que afrontar el hecho de que hemos perdido la guerra. Malvinas no es parte de Argentina, es parte de nuestra imaginación. Estamos tan cegados por años de retórica que no podemos ver la realidad".

En el mismo sentido se expresó Sylvina Walger, en una columna para la tribuna de doctrina mitrista: “Sorprende que la actual dirigencia argentina no conozca la diferencia entre ganar o perder una guerra. Las guerras se ganan o se pierden, no hay intermedio. Al vencedor no le importa si el que la desató fue Calígula o los kirchneristas. Al perdedor no le caben las protestas sino someterse”.

Para estos escribas de los medios dominantes, la reivindicación de la soberanía sobre las islas no sería otra cosa que un ejercicio hipócrita de imaginación, el producto de una negación histórica, de una derrota no reconocida. Como si el sentido de justicia pudiera dirimirse fácticamente al fragor de una guerra. O como si la justicia no debiera importar cuando el oponente se muestra infranqueable en el campo de batalla. La visión de no cuestionar los factores de poder (se propugna como contrapartida “someterse”) es compartida por muchos de los conspicuos editorialistas de la prensa nacional. 

La postura de Lanata y Walger en contra de reclamar la soberanía es paradójica, ya que la posición de Argentina es asistida por el derecho internacional (Resolución 1514 de las Naciones Unidas sobre la concesión de la independencia a países y pueblos coloniales, y Resolución 2065 del mismo organismo que insta a las autoridades de ambos países en entablar una mesa de negociaciones para discutir la soberanía). Tampoco es fruto de ensoñación el hecho de que las Malvinas se encuentren dentro de la zona del Atlántico Sur, a tan sólo 464 km al este del suelo continental argentino.

Para ciertos paladines de la inteligentzia argentina, como para los británicos, no son aquellos fundamentos válidos para declamar la potestad argentina sobre el archipiélago. Hace unos días, salió a la luz un documento titulado “Malvinas: una visión alternativa”, firmado por 17 intelectuales entre los que se destacan Beatriz Sarlo, Fernando Iglesias, Pepe Eliaschev, Juan José Sebreli, Hilda Sábato, Luis Alberto Romero, Roberto Gargarella, Daniel Sabsay y el propio Jorge Lanata, entre otros. En la misiva, sostienen con llamativa vehemencia el derecho a la autodeterminación de los isleños.

Uno podría preguntarles por qué motivos no defienden con el mismo ímpetu militante los derechos de los pueblos originarios, que sufren las consecuencias de una política histórica de excusión y exterminio. O bien, estos patriotas podrían imaginar dónde se pararían si la comunidad galesa de Gaiman decidiera, tras un plebiscito popular, fundar formalmente una nación en la Patagonia.

Más allá del oportunismo de ciertas plumas que buscan anidar en las primeras planas nacionales tocando una fibra sensible de la memoria popular como Malvinas, habrá que reconocer que la apelación al derecho a la autodeterminación de los kelpers podría ser una carta negociable para los británicos en una eventual mesa de diálogo (que vienen sistemáticamente retaceando pese a las reiteradas recomendaciones de los organismos internacionales).

El Reino Unido invadió las islas en 1833, y desde entonces pasaron a formar parte del botín de conquista del Commonwealth. Posteriormente a dicho pecado original, varias generaciones de colonos echaron raíces en suelo isleño y desarrollaron un estilo de vida que tributa a los usos y costumbres británicos. Podrá alegarse legítimamente que esas nuevas generaciones no tienen responsabilidad sobre las prácticas colonialistas de sus antepasados, como tampoco podría objetarse la identidad estadounidense de los habitantes de California, provincia que perteneciera al Estado mexicano hasta 1948, cuando fue anexado tras una guerra entre los dos países fronterizos.

Sin embargo, el argumento deja al descubierto un flanco débil, explicitado por la presidenta tras anunciar la desclasificación del informe Rattenbach. Si la soberanía de las Malvinas fuera transferida, nadie exigiría a los kelpers la tramitación compulsiva de la documentación de identidad argentina, ni tampoco se les impondría un plazo para migrar a otros países. Se sabe que Argentina tiene históricamente una política migratoria de puertas abiertas, avalada por su Constitución y legislación vigente.

En segundo lugar, resulta un tanto controvertido invocar el derecho a la autodeterminación cuando es a favor de los intereses de una potencia imperial. Históricamente, este derecho es reclamado por los pueblos de origen –y no transplantados como es el caso- que buscan liberarse del yugo imperial. El nivel de hipocresía se torna más palpable si se considera que la Corona británica no concede a los isleños la potestad de elegir a sus autoridades. El gobernador es señalado por el dedo monárquico. Resulta no menos que dudosa la apelación a escuchar el deseo de los kelpers, cuando éstos no reciben de parte de su “patria” ni siquiera el grado de sujetos de derecho. Sin mencionar el hecho de que uno de cada tres habitantes de Malvinas fue trasladado desde Inglaterra para efectuar ejercicios militares.

La estrategia del Reino Unido consiste en remarcar permanentemente que el estado de conflicto deriva de la decisión de la dictadura de Galtieri de embarcarse en un conflicto bélico. El lobo se viste de cordero recordando la temeraria decisión de la Junta Militar argentina en 1982, cuando ésta resolvió intempestivamente iniciar una conflagración con resultados desgarradores para la memoria colectiva de nuestro país. De ese modo, Gran Bretaña explica su prepotencia militar en el Atlántico Sur como la aplicación de criterios de estricta defensa de sus posesiones de ultramar.

En este contexto, la decisión del gobierno argentino de divulgar las consideraciones del informe Rattenbach, una feroz autocrítica militar acerca de las operaciones militares que derivaron en la guerra de Malvinas, resulta una medida acertada en lo táctico.

A través de la condena pública de la actitud de los militares que ordenaron la ocupación de Puerto Argentino, el gobierno nacional viene a expresar que la disposición de un régimen de facto no puede ser tomada como antecedente institucional que deba cargar el pueblo argentino, precisamente por la falta de representatividad de un gobierno de tales características. La ocupación de las Malvinas no fue un instrumento plebiscitado, no se erigió como emergente de la soberanía popular, sino por obra trágica de la inspiración providencial de un grupo de generales (más allá del consenso que la iniciativa bélica supo despertar en una parte de la población).   

La maniobra de victimización del Reino Unido tiene como telón de fondo una puja de intereses en torno al control de los recursos naturales (pesqueros, petrolíferos y carburíferos) y el dominio de un enclave de gran valor estratégico militar en el Atlántico Sur. Eso explica que Londres asigne una desproporcionada parte de su presupuesto a tonificar la economía de este dominio territorial tan distante de sus costas.

Tanto el arribo previsto de un potente buque destructor a las costas del archipiélago como la reciente visita del príncipe William con atuendo castrense, en ocasión de un sobreactuado entrenamiento militar fueron leídos tanto por funcionarios como por la opinión pública argentina en general como una provocación directa, en el marco de los esfuerzos argentinos por encauzar el conflicto por la vía del diálogo y la negociación diplomática. “El pueblo argentino lamenta que el heredero real arribe a suelo patrio con el uniforme del conquistador y no con la sabiduría del estadista que trabaja al servicio de la paz y el diálogo entre las Naciones”, rezaba un comunicado oficial de cancillería.

La reacción del gobierno argentino no se hizo esperar. Una de las primeras medidas fue decretar la prohibición del tránsito naval entre Malvinas y el continente argentino, al tiempo que se consiguió el apoyo de la mayoría de los países sudamericanos para impedir que los buques con bandera de Malvinas atraquen en sus puertos. También se giró al Senado un proyecto que prevé sanciones económicas para las empresas que operen en Argentina y que estén participando de emprendimientos petroleros en el archipiélago. La ministra de Industria Débora Giorgi se encargó personalmente de exigir a empresarios de firmas nacionales y multinacionales que reemplacen insumos importados de Gran Bretaña. La gobernadora de Tierra del Fuego, por su parte, sigue vedando el ingreso de buques con bandera británica en el puerto de Ushuaia.

La escalada verbal entre Argentina y Gran Bretaña trepó a alturas imprevistas cuando Cristina Fernández de Kirchner fue notificada de las operaciones de exploración y perforación sobre yacimientos de petróleo en plataformas offshore por parte de compañías como Desire Petroleum, Rockhopper y Falkland Oil and Gas. Fue entonces cuando el ministro de Relaciones Exteriores Héctor Timerman denunció la presencia de armamento nuclear en submarinos ingleses que patrullan las costas de Malvinas.

En el acto de apertura de sesiones ordinarias del Congreso Nacional, la presidenta instruyó al canciller para renegociar los acuerdos suscriptos por Argentina y Reino Unido en 1998, con el objeto de elevar de dos a tres vuelos semanales entre las Malvinas y el continente americano. El proyecto de la jefa de Estado es que dichos vuelos sean operados por la aerolínea de bandera nacional desde Buenos Aires, y no por LAN desde Punta Arenas.

La ofensiva argentina en lo comercial para afectar los intereses británicos parece entrar en una zona de contradicción con el gesto integracionista de Cristina de aumentar la cantidad de vuelos. Este cronista juzga que tanto el integracionismo como el aislacionismo pueden constituir estrategias válidas, pero superpuestas generan un efecto de confusión.

Como fuere, el ofrecimiento del Estado argentino fue raudamente desestimado por el gobernador de Malvinas Nigel Haywood: "Preferiríamos mirar hacia otros lados, hacia otros países que no sean tan hostiles hacia nosotros".

En este clima viciado de tensión, la estrategia argentina de “give peace a chance” sale airosa, al plantarse en la vereda de la racionalidad y la propuesta pacífica, al tiempo que Londres se abroquela en la altanera misión de clausurar todo canal de debate acerca de la soberanía de las islas.

Mientras Argentina legitima su posición concitando el apoyo de una lista cada vez más abultada de organismos y países (incluso por algunas naciones de la región que en otras épocas le eran esquivas, como Chile y Brasil), que le permitirán difundir su visión en cada uno de los foros internacionales con mayor autoridad y prestigio, Inglaterra juega en solitario a los soldados y mueve sus fichas en el Atlántico Sur con animosidad militarista.

Aunque no siempre la historia bendiga la mano de los justos, soplan vientos de dignidad cuando los representantes interpretan el mandato de la soberanía popular, sin servir a otros intereses.